La asistencia técnica abarca la defensa de personas imputadas por delitos contra las personas, como homicidios y lesiones; contra la propiedad, como robos, hurtos, estafas y defraudaciones; contra la integridad sexual; contra la libertad, como amenazas y coacciones; delitos económicos y tributarios; ciberdelitos; y las infracciones a la Ley de Estupefacientes 23.737, cuya competencia suele corresponder al fuero federal o, en su escala menor, a la justicia bonaerense por la desfederalización.
Detrás de ese listado hay una convicción metodológica: cada familia de delitos tiene su propia lógica probatoria, y la estrategia se adapta a esa complejidad en lugar de repetir un libreto. Una causa por robo se define en actas de procedimiento, reconocimientos y cámaras; una estafa, en documentos y cronologías; una causa de integridad sexual, en testimonios y pericias especializadas; una económica, en contabilidad y flujos de dinero. Defender bien es, antes que nada, saber dónde se juega cada expediente.
Esa diversidad explica la arquitectura de estas guías: cada familia tiene la suya, con los ejes de análisis, la prueba típica y las decisiones procesales propias del tipo penal. El índice de esta página funciona como derivador: identificado el hecho atribuido en la citación o en la carátula, la guía correspondiente profundiza lo que esta página resume. Y cuando el hecho combina figuras, algo frecuente, la lectura cruzada de dos guías suele explicar el expediente completo.
Un párrafo aparte merecen los hechos de competencia federal, incluidas las infracciones a la Ley 23.737: allí cambian el tribunal, el procedimiento y hasta las prácticas de libertad, y la primera tarea de la defensa es confirmar en qué fuero quedó radicada la causa. La guía de delitos federales desarrolla ese mapa, que en la Provincia de Buenos Aires tiene la particularidad de la desfederalización del narcomenudeo.
En todas las familias, la constante es la misma: la intervención temprana multiplica opciones. La consulta que llega con la primera citación permite discutir la calificación antes de que se consolide, proponer prueba mientras la investigación está abierta y llegar a cada decisión con el expediente leído. La que llega con el juicio encima trabaja con el margen que queda, que siempre es menor.
