En una causa patrimonial, la reacción inmediata suele definir más que la estrategia posterior: la información que se preserva, la que se pierde y la que se produce sin querer en esos días termina dentro del expediente.
Lo primero es resistir el impulso de ordenar la casa a las apuradas. Borrar correos, dar de baja sistemas, rearmar carpetas o reorganizar sociedades mientras existe una investigación en curso rara vez mejora la situación y casi siempre la agrava: la acusación puede leer cada uno de esos movimientos como un intento de ocultamiento, incluso cuando la motivación fue administrativa.
Lo segundo es preservar. Copias de seguridad de correos y sistemas con fecha cierta, resguardo de la contabilidad y de los contratos vinculados a la operación cuestionada, y una instrucción interna clara de no destruir documentación. Preservar no es admitir nada: es asegurarse de que, cuando haya que explicar una decisión, el respaldo exista.
Lo tercero es reconstruir la operación bajo sospecha antes de declarar ante nadie. Qué se decidió, quién lo decidió, con qué información disponible en ese momento y con qué autorizaciones. Esa reconstrucción, hecha con un abogado penalista y no de memoria, permite detectar tanto los puntos fuertes como los flancos reales del caso.
Lo cuarto es definir la representación. En una empresa, los intereses del directorio, de los gerentes, de los empleados citados como testigos y de la propia persona jurídica no siempre coinciden. Decidir temprano quién representa a quién evita que una declaración pensada para ayudar comprometa a otro.
